A través de una resolución de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos se habilitó la temporada de caza menor 2025 con menos especies, mayores restricciones y un gran sustento científico, entre el 10 de mayo y el 15 de agosto.
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La medida fue tomada tras un largo y complejo proceso que incluyó estudios científicos, análisis de riesgo poblacional, audiencias públicas y la participación de universidades, ONG y organismos técnicos nacionales. El objetivo central es garantizar un aprovechamiento racional de la fauna silvestre, sin afectar la biodiversidad ni los compromisos ambientales asumidos.
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A diferencia de la temporada pasada, este año se redujo de 6 a 4 la cantidad de especies de patos que fueron habilitadas para la caza: Pato Picazo, Sirirí Pampa, Pato Cutirí y Pato de Collar, en tanto que se establecieron límites mucho más estrictos de extracción por cazador: 15 piezas para anátidos (igual que 2024), pero con una reducción para la perdiz chica (de 8 a 6 ejemplares), mientras que en el caso de la liebre europea la cantidad se reduce de 6 a 4 animales.
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Por otra parte, se mantiene la prohibición total en 8 departamentos y en las zonas sensibles como las áreas naturales protegidas, los sitios Ramsar, los monumentos naturales y la zona de Salto Grande, en tanto que otra de las grandes novedades para la temporada 2025 está dada por la implementación obligatoria de la Hoja de Ruta Cinegética que cada cazador deberá presentar impresa en los controles y que busca tanto mejorar la fiscalización como generar información territorial sobre la presión de la caza.
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"El turismo cinegético genera empleo, ingresos y actividad económica en numerosas localidades del interior. Solo en 2024, se estima que movió cerca de 1.000 millones de pesos en la provincia, beneficiando a más de 200 trabajadores directos y a decenas de prestadores de servicios", destacaron la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos a APF Digital.
"Todas las decisiones fueron adoptadas respetando la legislación nacional, los convenios internacionales sobre biodiversidad y los marcos constitucionales que otorgan a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales", concluyeron los especialistas.
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